Aumento de la delincuencia y de la violencia doméstica hace necesaria la contratación de más abogados.
El 81% de los asuntos que se inician en los juzgados están vinculados a personas en condiciones vulnerables. Esto es, 200.000 acusados no tienen cómo pagar los honorarios de un abogado y, por tanto, se les asigna un defensor de oficio. Ahí el problema.