En Uruguay hay 290 defensores públicos y se necesitarían 112 adicionales para “amortiguar” la situación actual, señalan desde la Asociación.
John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cruzó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira por afirmar que la Justicia atiende gran parte de las denuncias de abuso policial porque las realizan hijos de personas pobres. Pérez aseguró que “terminantemente” no es así y que afirmarlo “agravia” a la Justicia.
Para la Asociación de Defensores de Oficio, efectivamente “hay una justicia para pobres y otra para ricos, desde el punto de vista del acceso a la Justicia”.
Según dijo su presidente Joaquín Gamba a Menú Informativo de M24, “el servicio de acceso público no se viene cumpliendo en condiciones óptimas cuando no tenemos la cantidad suficiente de defensores públicos para poder ver todas las situaciones y audiencias que requieren nuestra labor”.
En diciembre de 2021, realizaron un informe que advertía que un gran porcentaje de audiencias de familias tenía a alguna de las partes en situación de indefensión. “Somos 290 y mínimo se necesitarían 112 más para amortiguar esta situación”, graficó.
“No es ahora, hace años que lo venimos advirtiendo. Esto se ha venido profundizando y es responsabilidad del poder político, que no da los recursos que hemos venido solicitando y no de la SCJ ni de los jueces”. “No es una crítica al gobierno actual, sino a todo el sistema político”, agregó.
La Asociación espera un estudio para convocar a una Asamblea para decidir si se presenta una denuncia ante organismos internacionales, “la única vía que nos está quedando” para efectivizar el reclamo.